Algunas congresistas destacan que es la primera vez en la historia del país que se les hace seguimiento a los rubros destinados para cerrar la brecha de desigualdad de las mujeres. Otras enfatizan en que no existe perspectiva de género en los gastos anuales.
Avanza en el Congreso de la República el proyecto sobre el presupuesto general de la nación (PGN), una de las grandes discusiones de cada año. Al análisis parlamentario sobre cuánto dinero destinará el Estado para funcionamiento, deuda e inversión de los sectores y ministerios en 2021, se le suma por primera vez en la historia del país un asunto más: cuánto dinero recibirán los programas de las entidades enfocados en cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Esto en medio de la crisis económica que desató el nuevo coronavirus, un contexto en el que la más reciente cifra de desempleo es del 26,2 % para las mujeres, frente al 16,2 % de los hombres. ¿Qué están haciendo los legisladores para disminuir las desigualdades?
En términos del gasto nacional, es un panorama aún difuso. El presupuesto general de la nación apenas fue aprobado en las comisiones económicas del Senado y la Cámara, y transita hacia su segundo debate. Allí se aprobaron $314 billones para la vigencia del próximo año. Asimismo, aumentó el cálculo para inversión en $3,7 billones más, dejando la repartición de la siguiente manera: $184,651 billones para funcionamiento del Estado, $72,559 billones para deuda y $56,788 billones para inversión. Sin embargo, hubo críticas, pues la oposición consideró que no se analizó lo suficiente ni en detalle un proyecto que compromete el uso del dinero de los colombianos. “Total ausencia de democracia y deliberación en las comisiones económicas conjuntas. Se evitó la discusión y no se concedieron mociones de orden a congresistas de oposición”, dijo al respecto el senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde.
Marulanda manifestó que el presupuesto no era transparente, no respondía a las realidades del país y no reactivaba la economía, un aspecto crucial. Y según tres congresistas, tampoco se ahondó en los recursos para los programas con perspectiva de género, agrupados en el trazador presupuestal, la herramienta para hacerles seguimiento a los recursos públicos para las mujeres y que los identifica según cinco variables: autonomía económica y acceso a activos, participación en los escenarios de poder y toma de decisiones, salud y derechos sexuales y reproductivos, educación y acceso a nuevas tecnologías, y mujeres libres de violencia. Y las propuestas para aumentar los rubros destinados a ellos no se discutieron, se dejaron como constancias para el próximo debate.
Así, desde que inició el estudio de la distribución monetaria, la Comisión de la Mujer ha insistido en que no es suficiente lo destinado a los programas con enfoque de género. En un principio hubo inconformidad por parte de las integrantes de esa Comisión, pues aunque hubo aumento del rubro en ítems como la salud y los derechos sexuales y reproductivos (que en 2020 se le destinaron $191 millones y en 2021 sería de $215 millones) y educación y acceso a nuevas tecnologías (que se le destinaron $9.955 millones en 2020 y en 2021 sería de $18.265 millones), había reducción importante en los recursos de inversión para la mujer en el sector trabajo, que disminuyó en un 99 % (pasó de $910.230 millones en 2020, a $850 millones en 2021) y agropecuario. Por ejemplo, los programas de la Agencia Nacional de Tierra evidenciaron una disminución del 71,8 % en el presupuesto.
Sin embargo, con el reajuste de $3,7 billones más a la inversión, esos sectores y otros como ambiente, deporte, educación, inclusión social, reconciliación, Departamento Nacional de Planeación y Vivienda, se verían beneficiados, asimismo, los programas para la mujer. “Todavía no se sabe cómo repercute ese aumento para el trazador presupuestal, porque no se ha discriminado programa por programa. Pero más plata en esos sectores generará algún aumento relacionado con el objetivo de la equidad de género”, comentó Ortiz. Si bien hay que tener las alarmas prendidas para que ese presupuesto no se vea afectado, dijo, reconoce que al menos hay un trazador que da cuenta de la problemática. “Quisiéramos que hubieran muchos más recursos para las mujeres, pero nos parece que hay que dejar operar al trazador, que se está estrenando, es su primer año”, comentó Ortiz.
Y aunque Ángela María Robledo, de Colombia Humana, destacó que el trazador es un avance que desde hace décadas pedían las mujeres, enfatizó en que el dinero para los programas que lo integran solo representaba el 0,58 % del presupuesto, para el 52 % de la población que son las mujeres. “Uno esperaría que el rubro para la categoría de autonomía económica lo manejara el Ministerio de Agricultura, para mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales, y el de Comercio, pero lo tiene el Departamento de Prosperidad Social, un ente que se ocupa también de otros grupos poblacionales. Desde mi perspectiva, el trazador se queda en el aire, sin sustento, por los recursos que contiene”, resaltó.
La misma lectura hizo Katherine Miranda, quien estuvo presente en la discusión del presupuesto. “El enfoque de género no está en el presupuesto general de la nación de 2021. Se desconocen los rubros invertidos en esos programas. Se logró una adición al rubro de funcionamiento de $35 mil millones para atender la estrategia de comunicaciones del Gobierno y para la Consejería de la Mujer. Lo paradójico es que no se logró aumentar la inversión, que era lo que se necesitaba, reiterando el desinterés del presidente Duque”, declaró Miranda. Sobre ello, Gheidy Gallo, consejera para la Mujer, afirmó que aún falta mucho, “porque se trata de la implementación de una metodología que hicimos en seis meses, de la mano del Ministerio de Hacienda, del DNP y de la Consejería Presidencial para la Mujer, y es un ejercicio que tenemos que seguir perfeccionando”.
Por ello, entre las proposiciones que quedaron pendientes para el segundo de los cuatro debates del PGN, está que se adicione una inversión al Ministerio de Agricultura con $300 mil millones para financiar el fortalecimiento de los mecanismos de atención a las mujeres rurales y campesinas, y $200 mil millones para fortalecer los emprendimientos de las mujeres. El debate aún es largo, pero como dijo Martha Aponte, vocera de Usaid en Colombia, “el presupuesto no es neutro al género”, y justo por eso dicta el avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
