TIEMPO tuvo acceso este miércoles al proyecto de reforma fiscal que el Gobierno espera radicar hoy jueves en el Congreso.
Se trata de un articulado de 110 páginas con el que se busca atender los efectos de la pandemia y robustecer la política de erradicación de la pobreza mediante la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y la focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias.
La iniciativa adopta el concepto de renta básica, en virtud del cual convierte en permanente el programa Ingreso Solidario, que el año próximo entregaría entre 80.000 y 366.101 pesos por hogar.
En términos de impuestos, llama la atención el IVA del 19 por ciento a las tarifas de servicios públicos que pagan los estratos 4, 5 y 6. Las pensiones voluntarias, y los recursos en cuentas AFC dejarían de estar exentos de renta.
El proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible busca los recursos para atender las secuelas que dejó la pandemia del coronavirus en el país, para lo cual plantea un verdadero revolcón, fortalecimiento y focalización de todas las ayudas sociales que da el Estado, no solo a través del Departamento de Prosperidad Social, sino del Ingreso Solidario y los subsidios de energía y gas, entre otros.
Según el texto del proyecto, el programa Ingreso Solidario pasará a ser una renta básica permanente para contribuir a la reducción de la pobreza, y por ello deja en cabeza del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) su ejecución, vigilancia y seguimiento.
De acuerdo con el documento, los beneficiarios serán exclusivamente los hogares que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema y que al mismo tiempo cumplan con los criterios de focalización que fije el Gobierno y con las condiciones de acceso, si hay lugar a ellas.
Uno de los puntos claves que plantea el Ministerio de Hacienda consiste en que el Ingreso Solidario será complementario para los hogares pobres y en pobreza extrema que ya sean beneficiarios de los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Protección al Adulto Mayor y/o de los subsidios de energía y gas.
Para ello, el documento propone que el valor de la transferencia periódica de cada hogar resultará de calcular la diferencia entre la mediana (parte central) de la brecha del ingreso multiplicada por un valor en función del grupo de clasificación del hogar, todo ello multiplicado por el número de integrantes de cada hogar (máximo 6); y la suma de las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas que administra el DPS y los subsidios eléctricos y/o de gas.
Para el año 2021, el proyecto propone girar un monto de referencia mensual que suma las transferencias del DPS, los subsidios de energía y gas y el Ingreso Solidario, según el número de personas del hogar.
Así, por ejemplo, en 2021 un hogar unipersonal recibiría 80.000 pesos si está en pobreza o pobreza extrema; si tiene tres miembros que se le giran cada mes 183.050 pesos si está en pobreza extrema y 126.071 pesos si está en pobreza, y si en dicho hogar habitan 6 personas, el valor mensual que recibirían sería de 366.101 pesos si está en pobreza extrema y 252.142 pesos mensuales. Asimismo, el proyecto contempla, para las personas naturales o jurídicas que reporten información falsa, que sus hogares sean excluidos del Ingreso Solidario durante 10 años.
El proyecto de ley contempla un esquema de promoción y acceso al empleo, para lo cual los empleadores que contraten a personas menores de 28 años; a aquellas que no reciban pensión y ya hayan cumplido la edad de jubilación; a mujeres mayores de 40 años que lleven 12 meses sin trabajo y personas con discapacidad no inferior al 25 por ciento; solo estarán obligados a cotizar al Sistema de Riesgos Laborales (ARL) y estarán exentos de realizar los aportes a salud, pensión, parafiscales y cajas de compensación, beneficios que estarán vigentes por cinco años.
Además, el texto prevé que los empleadores que desde 2022, y hasta el agotamiento de cupos, contraten nuevos trabajadores, anteriormente desempleados, que ganen hasta tres salarios mínimos mensuales estarán exentos de pagar el porcentaje de la cotización a pensión y no tendrán la obligación de afiliar estos trabajadores a las cajas de compensación.
Igualmente, el Gobierno le plantea al Congreso en el proyecto de ley que el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), conocido como subsidio a la nómina, se amplíe hasta junio de 2021.
Por: El Tiempo
