El proyecto que buscaba ayudar a los artistas del departamento, teniendo en cuenta la coyuntura por el COVID-19, fue prorrogado luego de que en el tercer debate que se tuvo con la Gobernación y la asamblea, varios decretos fueron cuestionados y dados de baja.
En cuestión, la Gobernación refutó el artículo 38 que pretendía garantizar el derecho a la libre asociación para el desarrollo de distintas actividades. Según la administración, este no tendría nada que ver con el contenido del proyecto en general.
De igual manera, los artículos 1, 2 y 3 fueron objetados, pues los mismos tenían vacíos en el manejo de recursos y poca claridad en aspectos que podían convertirse en conflicto de intereses.
Sin embargo, y pese al rechazo del proyecto por parte del gobierno departamental, la Asamblea presentó el documento ante el Tribunal Administrativo del Meta, dejando a esta entidad la aprobación o desaprobación del proyecto.
Pese a que los artículos no fueron aprobados por la Gobernación, la Asamblea estableció no corregir ninguno de sus puntos, y presentar tal cual el proyecto; algunos diputados afirmaron que este proceso no favorece a los artistas ya que puede tardar años su aprobación, dejando así en desamparo a los mismos.
