Por: Catalina Ruiz-Navarro
La última estrategia mediática de los antiderechos en Colombia ha sido que la senadora uribista María del Rosario Guerra radique un proyecto de ley que exige que los hombres sean llamados para autorizar a las mujeres y niñas para ejercer su derecho a interrumpir un embarazo no deseado.
Es una estrategia mediática porque el proyecto es a todas luces inconstitucional, y la Corte colombiana ha ratificado de forma extensiva que el aborto es un derecho y que no se pueden poner trabas para acceder a él cuando se está dentro de las tres causales: violación, malformación incompatible con la vida y si la salud de la mujer está en riesgo.
El proyecto no va a pasar, pero sí le sirve a la senadora Guerra para mojar prensa y a darle visibilidad a una fundación creada con la única intención de obligar a las mujeres a parir. Sin embargo, vale la pena hablar del tema porque eso de que “los padres deben poder decidir” es un argumento que se usa con demasiada frecuencia.
Para empezar, requerir la autorización de un hombre para ejercer el derecho al aborto en cualquiera de las tres causales sería catastrófico. Significaría, por ejemplo, que mujeres y niñas deberían buscar el visto bueno de su violador para interrumpir su embarazo. O que, en la causal de malformación incompatible con la vida extrauterina, serán los hombres quienes decidirán si una mujer debe llevar a término un embarazo riesgoso o infructuoso. O que en la causal salud estos hombres decidirán también sobre si una mujer debe vivir o no, solo por haberse echado un polvo con ella.
Tener el material genético de otra persona dentro de nuestros cuerpos no le da a esa persona la potestad sobre nuestra salud y nuestra vida. Eso querría decir que si alguien le dona a otra persona un riñón para un trasplante, la persona receptora pasa a ser esclava del donante.
De la misma manera, eyacular no se puede convertir en una condición para la esclavitud de las mujeres. Si un hombre tiene tantas ganas de ser padre, tanto que piensa obligar a una mujer a poner en riesgo su vida, puede perfectamente convencer a otra mujer de tener un hijo o hija con él sin tener que violar sus derechos fundamentales. ¿O acaso las mujeres pueden obligar a arriesgar su vida a los miles de padres ausentes que abandonan sin pena ni remordimiento a su descendencia? Es evidente que no, pero aún hay quien piensa que las mujeres existimos para prestarles servicios a los hombres, entre esos el servicio de la maternidad.
La maternidad forzada, que es una expresión de la negación de estos derechos, pone nuestra vida y nuestra salud física y mental en riesgo y es una forma de tortura que puede durar toda la vida. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos se trata de romper esa subalternidad histórica que las mujeres hemos tenido frente a los hombres, de decir que nuestros cuerpos no les pertenecen a nuestros padres o hermanos, ni a nuestras parejas ni al Estado, nos pertenecen solo a nosotras, y solo nosotras podemos decidir qué es lo mejor para nuestras vidas. Por eso, el derecho al aborto es una expresión de dos derechos fundamentales: la libertad y la autonomía.
